Resolución de la Cautelar

Carátula: ASOC.JUB.PENS.EN CIENCIAS ECONOMICAS C/ CAJA SEG.SOC.PROF.CIENCIAS ECONOMICAS S/ IMPUGNACION CONTRA ACTOS DE ENTES PUBL.

Fecha inicio:  22/04/2019
Nº de Receptoría:  LP - 26429 - 2019
Nº de Expediente:  18276
Estado:  A Despacho


REFERENCIAS
24/06/2019 - RESOLUCION REGISTRABLE
Texto del Proveído
-18276-.- ASOC.JUB.PENS.EN CIENCIAS ECONOMICAS C/ CAJA SEG.SOC.PROF.CIENCIAS ECONOMICAS S/ IMPUGNACION CONTRA ACTOS DE ENTES PUBL. NO ESTATS.

La Plata, 24 de Junio de 2019

Y VISTOS:
La medida cautelar solicitada en el marco de la pretensión anulatoria deducida (fs. 63, 76/79); y

CONSIDERANDO:

1°) Que el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires (AJUPCE), promueve demanda contra la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, pretendiendo la anulación de la resolución n° 17.221 emitida por la Mesa Directiva de la Caja accionada, y asimismo se ordene a la demandada que mantenga el sistema de retención de haberes vigente hasta la fecha en que se dictó la resolución impugnada.

En ese marco, solicita como medida urgente se ordene a la Caja demandada a que suspenda la aplicación de la resolución citada, y de toda otra decisión que importe afectar la retención automática de haberes de los jubilados y pensionados que nuclea, y su inmediata transferencia a AJUPCE, manteniendo el procedimiento vigente hasta el mes de diciembre del año 2.018.

Refiere que resulta acreditada la verosimilitud en el derecho, en tanto AJUPCE es una Asociación que posee aproximadamente 500 jubilados y pensionados de la Caja; que sus objetivos surgen del Estatuto de creación, y su naturaleza la ubica entre las personas jurídicas cuya promoción y reconocimiento se garantiza en el artículo 41 de la Constitución provincial; además invoca que cumple la condición de sujeto titular de los derechos establecidos en la ley 13.267.

Explica que la ley citada contiene sólo 2 artículos, en los que se imponen deberes a las Cajas previsionales de profesionales de la Provincia de Buenos Aires, y que tienen su correlato en los derechos de los afiliados y de las entidades intermedias, tal el caso de AJUPCE.

Esboza que cualquier modificación al régimen implementado, en la medida que no se acredite su estricta necesidad, no puede concluir con la frustración del derecho que constituye el objetivo central de la ley, y que garantiza su subsistencia es una consecuencia directa del interés público comprometido, reconocido por la Constitución Provincial.

Añade que, tanto los actos que dispusieron la expulsión del espacio físico utilizado por la Asociación (7 metros cuadrados, sobre una superficie disponible de más de 10.000 metros cuadrados), como el simultáneo bloqueo de los canales de comunicación por la red informática, cuya autorización de uso luego de concedida fue abruptamente interrumpida, tomadas sin justificación y en forma intempestiva, y coetáneamente el 11-I-2.019 con la ilegal decisión de dejar de retener en forma automática el 1% del haber ($170 promedio) por mes a sus afiliados, a partir del 31 del mismo mes, afectan en forma directa su regular funcionamiento.

Manifiesta que ésta última decisión tomada por la Caja en franca oposición a la ley 13.267, desoyendo el deber que se le impone, sólo fue bloqueada por la inmediata presentación de revocación de AJUPCE, que sin estimarse en su totalidad ha dado lugar a la resolución n° 17.221.

Expresa que dicha decisión, además de padecer vicios manifiestos, sólo posterga la flagrante violación legal, sujetándolo al cumplimiento de una acción imposible de llevar adelante en los 60 días, como lo pretende la demandada.

Resalta que el sistema implementado por la Caja, vigente hasta diciembre de 2.018 y destinado a aplicar la ley 13.267, no ha generado ningún inconveniente para sus usuarios, y que la Asociación juntos con sus asociados se ajustaron al mismo para usufructuar el derecho al débito automático de sus haberes, situación jurídica que se condice con la prevista en la ley, que genera un derecho a su continuidad, y que se robustece por la falta de alegación de razones atendibles que pudieran justificar un cambio como el llevado a cabo.

Agrega que la Caja no ha motivado su necesidad de cambiar el método aplicado, ni siquiera ha mencionado falla alguna que pudiere mínimamente justificar los alcances retroactivos que pretende darse al nuevo sistema a implementar, y que sólo introduce onerosidad y complejidad a un procedimiento que no ha registrado errores en más de 14 años.

Sostiene en relación al peligro en la demora, que la fluidez en el cobro de la cuota social por medio del sistema de débito automático y posterior transferencia a AJUPCE, se ha constituido en el único medio de captación de los fondos indispensables para el funcionamiento de la Asociación que preside, y que se ha consolidado a través de los años por su sencillez y eficacia, desplazando cualquier otra alternativa.

Alega que la medida cuya nulidad reclama interrumpe este circuito, y deja sin ingresos corrientes a una pequeña Institución conformada por jubilados y pensionados que con sus pequeños aportes, logran juntar la modesta suma de $70.000, y con ello afrontar los gastos impostergables que se devengan mensualmente.

Puntualiza que la resolución n° 17221 ha impuesto en forma unilateral un plazo de 60 días para dejar de cumplir con la ley, y con ello directamente paralizar la recaudación de fondos, circunstancia que automáticamente impactará sobre los beneficios comprometidos con los afiliados, el pago del único salario que abona la Institución, los gastos corrientes, etc.

Recalca que el comienzo del término acordado por la Caja no se puede determinar por los mismos defectos del acto, y de su irregular notificación, resultando además de imposible cumplimiento por cuanto no se les proveyó de los formularios que necesariamente deberían acompañar; expone que la sola concurrencia de estas 2 limitantes para impedir la ejecución del acto, los coloca en un estado de total indefensión.

Finalmente, señala que no se advierte la afectación al interés público, sino todo lo contrario, en tanto la previsible ejecución de la medida contenida en la resolución cuestionada, importará la desaparición de la entidad. Ofrece contracautela.

2°) A fs. 85/88 el presidente de AJUPCE se presenta nuevamente manifestando que la falta de retención de la cuota social y la no realización de la transferencia correspondiente al mes de abril, ha sido llevada a cabo con ilegalidad manifiesta, permitiendo inferir que las actuales autoridades de la Caja previsional continuarán con este accionar opuesto a la ley 13.267, que indefectiblemente traería aparejada su posibilidad de continuación.

Acompaña documentación y solicita que se ordene a la Caja que transfiera en forma inmediata una suma equivalente a la que venía percibiendo con anterioridad, para remediar su indebido proceder con relación a la recaudación del mes de abril.

3°) Requerido el informe previsto en el artículo 23 del CCA (fs. 84, acápite II), el letrado apoderado de la Caja demandada lo acompaña en formato digital con fecha 21-5-19 (v. fs. 91/92).

Alega que su mandante efectuaba sobre los haberes de los jubilados que se asociaran a la AJUPCE, la retención del 1% de sus haberes en concepto de cuota social, que luego era transferida a la citada Asociación.

Señala que esa operatoria se instrumentaba a través de un listado de altas y bajas que mensualmente la actora de autos presentaba en la Caja, listado que en un principio era acompañado con la correspondiente planilla de afiliación y que, con el pasar del tiempo, las formas se fueron tornando cada vez más laxas al punto tal que en la actualidad, sólo enviaba la nómina de sus asociados a los que debía efectuarse la retención de la cuota social.

Puntualiza que este mecanismo, no podía mantenerse tal como estaba, motivo por el cual se hacía necesario que la AJUPCE, presentara las correspondientes autorizaciones emanadas de sus afiliados a los fines de que la Caja pudiera efectuar la retención de la cuota social, y que así como lo expone en la demanda, dicha Asociación ha sostenido que dichas conformidades debían ser obtenidas por la Caja, punto éste sobre el que mantienen aún hoy un claro desencuentro.

Relata que en ese contexto, con fecha 11-I-2019, el presidente de la Caja, comunicó a la actora que a partir del 31-I-2019, suspendería la gestión de cobro del 1% en concepto de cuota social por: 1) No contar con la conformidad expresa de la totalidad de los asociados para que se les efectúe dicha retención; 2) Las partes no acordaron un marco regulatorio para llevar adelante la operatoria; y 3) La caja no puede desviar sus recursos a fin de obtener las conformidades omitidas por AJUPCE, tal como lo pretendía y pretende.

Sostiene que contra dicha medida se alza la demandante con fundamento en la ley 13.267, lo que motivó el dictado de la resolución de Mesa Directiva n° 17.221 del 7-02-2.019, ratificada por resolución n° 385 del Consejo de Administración de la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas provincial.

Reitera que la medida cuya revisión se perseguía, tuvo como principal y determinante fundamento, que la Caja no contaba ni cuenta en la actualidad, con la conformidad expresa de los asociados a los que se les efectúa la retención en tratamiento y por tal motivo dispuso discontinuar la retención del 1% de los haberes jubilatorios de los asociados a AJUPCE, precisamente porque la referida entidad no cumplió debidamente con el único recaudo que le impone la ley 13.267 (art. 1 parte final), que no es otra cosa que la autorización expresa del afiliado; y en tal contexto, se decidió, para continuar con la gestión de cobro del 1%, conceder a AJUPCE un plazo de 60 a fin de que proceda a presentar las autorizaciones pertinentes, que se deberán instrumentar en el formulario que se adjuntaba a la resolución cuestionada.

Expone que, habiendo sido debidamente notificada de la resolución que impugna, la aquí actora, no efectuó ningún cuestionamiento, ni solicitó prórroga de los plazos, ni impulsó ninguna medida tendiente a cumplimentar el recaudo exigido.

Acompaña como archivo adjunto al informe cautelar referido, copia de la resolución n° 17.221, de la resolución n° 385 del Consejo de Administración de la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas provincial, y copia de nota de fecha 10 de abril de 2.019.

4°) Finalmente a fs. 94/95 el presidente de AJUPCE solicita se resuelva la medida cautelar solicitada en la demanda. Alega que no se acreditó la notificación fehaciente de la resolución n° 17221, viéndose impedido, no sólo de su cuestionamiento, sino a todo evento de su posible cumplimiento. Agrega que el acto cuestionado, no esgrime razón alguna que motive la interrupción efectiva y total del único canal de provisión de recursos de la Asociación, produciéndole injustamente un daño irreversible.

5°) Ahora bien, reseñados los elementos obrantes en la causa, corresponde analizar si se encuentran reunidos los recaudos de procedencia para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada (artículos 22 y 25, CCA).

Liminarmente, expuestas las circunstancias relevantes del proceso, se puede advertir que, aunque la parte actora haga referencia a la suspensión del acto administrativo (objeto inmediato), lo que realmente le interesa a quien demanda es el objeto mediato, ese bien de la vida pretendido (Chiovenda), en el caso, que se mantenga el sistema de débito automático del 1% sobre los haberes de los afiliados que en concepto de cuota social, venía realizando la Caja con anterioridad al dictado de la resolución n° 17.221 cuestionada, y su inmediata transferencia a AJUPCE, manteniendo el procedimiento vigente hasta el mes de diciembre del año 2.018, con lo que la tutela requerida, en rigor de verdad, consiste en aquella de no innovar peticionada conjuntamente con la demanda la cual, como es sabido, no sólo consiste en mantener el status quo con el que se llega al proceso, sino también, el restablecimiento del inmediato anterior a la alegada vulneración del derecho (conf. Palacio, L.E.; La Venerable Antigüedad de la Llamada Medida Cautelar Innovativa y su Alcance Actual, en RDP, n°1, Rubinzal Culzoni 1998, p.105 y ss.).

Ella, si bien no prevista expresamente en el CPCA, resulta de aplicación en los procesos contencioso-administrativos por la remisión del artículo 22, inciso 2, a “toda clase de medidas que resulten idóneas para asegurar el objeto del proceso, tanto las regladas en el presente Código como las previstas en el Código Procesal Civil y Comercial”. El citado artículo establece la posibilidad del dictado de providencias precautorias cuando se invocare un derecho verosímil, existiere la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o derecho y la medida no afectare gravemente el interés público (respecto de los dos primeros, de manera concordante el art. 230 CPCC, el que precisamente tiende a tutelar del peligro "de que si se mantuviere o alterara, la situación de hecho o de derecho...").

Luego, como el riesgo aquí provendría en caso de mantener esa situación de hecho, la medida tendría el carácter innovativo a su respecto pues consistiría en imponer a la demandada la obligación de continuar realizando los débitos automáticos sobre los haberes de los afiliados, de la forma expuesta con anterioridad.

6°) De acuerdo a lo anterior, se puede adelantar que, si bien no con el alcance pretendido, se presentan los presupuestos que posiblitan el dictado de la medida cautelar, en los términos que se indicarán más adelante (art. 22, incs. 1° y 3°, CCA).

En efecto, la resolución n° 17.221 emitida con fecha 7-2-2.019 por la Mesa Directiva de la Caja de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, fue dictada en respuesta a la nota del 22-01-2.019 oportunamente presentada por AJUPCE, quien solicitó se revise y resuelva dejar sin efecto la medida adoptada el 11-01-2.019 por la Caja demandada, y que resolvió, que a partir del 31-01-2019 se suspendería la gestión de cobro del 1 % en concepto de cuota social que se retiene de los haberes jubilatorios de los asociados.

Así, la resolución n° 17.221 dispuso ratificar que AJUPCE no ha cumplido con la única exigencia que la ley 13.267 ha puesto a su cargo, por lo que le otorgó un plazo de 60 días a fin de que proceda a presentar las autorizaciones pertinentes, las que se deberán instrumentar en el formulario que se adjunta (art. 1); y suspender preventivamente la medida cuestionada por el plazo de 60 días a fin de posibilitar que la Asociación presente las autorizaciones exigidas por la ley 13.267, debiendo suministrar a la Caja todos y cada uno de los formularios cuyo modelo se adjunta, en el que deberá constar la expresa y fehaciente autorización del débito de la cuota con la firma del afiliado debidamente certificada por ante Escribano Público, y que la autorización deberá ser renovada anualmente con procedimiento similar a la presentación del certificado de convivencia (art. 2).

A su vez, de la documentación acompañada por la parte actora a fs. 85 suscripta con fecha 26-04-2.019 por la Gerencia de Contaduría, Presupuesto y Control de la Caja de Ciencias Económicas consta que se ha interrumpido la retención de la cuota social en cuestión, toda vez que no surge del detalle de los conceptos retenidos en la liquidación de beneficios previsionales del mes de abril, y que sí consta en la documentación agregada a fs. 86, donde surge el concepto “retención cuota social AJUPCE” por el importe allí indicado.

Por otro lado, de la documentación agregada por la parte actora, surge que mediante nota presentada en la Caja de Ciencias Económicas recepcionada con fecha 5-04-19 (fs. 42/43), el presidente de AJUPCE, solicitó entrega de una copia de la resolución n° 17.221, refiriendo que dicho acto administrativo fue parcialmente anoticiado por nota fecha el 20-02-19, reclamando para no ver alterado su derecho de defensa, la urgente notificación completa del decisorio, conforme a lo dispuesto en los arts. 1 y 62 del decreto ley 7647/70.

Como respuesta a ello, mediante nota suscripta por el Presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ciencias Económicas, de fecha 10-04-19 (acompañada en formato digital al informe cautelar), se le hizo saber al presidente de AJUPCE que la copia de la resolución n° 17.221 estuvo a su disposición desde la fecha en que fue emitida, en la Mesa de Entradas de la Institución. Dicha respuesta fue recibida el presidente de la Asociación con fecha 10-04-19; lo cual es informado por el mismo en la demanda (fs. 70/vta).

En consecuencia de lo expuesto y probanzas reseñadas, aún considerando válida la primer notificación (20-02-2.019), cabe señalar que al mes de abril de 2.019 no había transcurrido en modo alguno el plazo de 60 días concedido por la Caja demandada para acompañar las respectivas autorizaciones de los afiliados (arg. art. 68, Decreto ley 7647/70), con lo cual la actuación de la demandada, de interrumpir el débito de la cuota social que venía realizando respecto de los haberes de los afiliados con anterioridad al dictado de la resolución atacada, sin que se cumpla dicho término otorgado por la propia demandada, luce de este modo, irregular, resultando viable la medida cautelar solicitada aunque, conforme se dijo más arriba, con otros alcances.

Por todo lo antedicho, es dable considerar -siempre en grado de probabilidad y no de certeza- que el derecho invocado resulta verosímil (art. 22 inc. 1° "a", CCA).

7°) En cuanto al peligro en la demora, aparece aquí con el contorno especial no tanto como riesgo de frustración de los efectos de una sentencia futura sino más bien como el perjuicio que genera el mantener durante el proceso la situación fáctica con la que se llega al mismo (vid. Calamandrei, P.; Introducción al Estudio Sistemático de las Provincias Cautelares, trad. Marino Ayerra Merín, ed, el Foro, Buenos Aires, 1996, n° 18 passim), configurado de esta forma por los inconvenientes que para el regular funcionamiento de la Asociación actora, acarrea la intempestiva interrupción del débito automático que venía realizando la Caja demandada con anterioridad al dictado de la resolución n° 17.221 atacada.

Por otra parte, no puede avizorarse una grave afectación al interés público, sino más bien todo lo contrario, pues la concesión de la medida que ha de dictarse, tiende a su protección.

Por ello, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la Caja demandada que mantenga la suspensión dispuesta en el marco de la Resolución emitida por la Mesa Directiva n° 17.221, por el plazo de sesenta (60) días contados desde la notificación de la presente resolución, a efectos de que la AJUPCE acredite dentro de dicho término, las correspondientes adhesiones de los afiliados, y manteniéndose el sistema de débito automático vigente al mes de diciembre de 2.018, durante dicho plazo (arts. 22, 23 y concs., CCA).

Ello, sin abrir juicio sobre el debate de la cuestión sustancial, pues la cognición cautelar se limita a un juicio de verosimilitud y no de certeza, toda vez que el otorgamiento de las medidas cautelares “no exige de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud. El juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad” (CSJN, Fallos: 306:2060).

8°) Con carácter previo, la parte actora deberá dar caución juratoria, en Secretaría, por las costas y los daños y perjuicios que pudiere ocasionar en caso de haber peticionado el remedio cautelar sin derecho (art. 24 inc. 3º, CCA).

9°) Finalmente cabe posponer la condena en costas para el momento de dictarse sentencia definitiva por resultar tal momento el idóneo para valorar el carácter de ganancioso o perdidoso sobre el derecho en controversia (conf. SCBA, C 101.606, “Alvarez”; sent. del 16-IV-14 y mas recientemente causa C 116. 938, "Racing Club Asociación Civil. Incidente art. 250", sent. del 1-VI-16, voto Dr. De Lázzari).

Por ello,

RESUELVO:

1°) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la Caja demandada que mantenga la suspensión dispuesta en el marco de la Resolución emitida por la Mesa Directiva n° 17.221, por el plazo de sesenta (60) días contados desde la notificación de la presente resolución, a efectos de que la AJUPCE acredite dentro de dicho término, las correspondientes adhesiones de los afiliados, y manteniéndose el sistema de débito automático vigente al mes de diciembre de 2.018, durante dicho plazo (arts. 22, 23 y concs., CCA).

2°) Con carácter previo, la actora deberá dar caución juratoria, en Secretaría, por las costas y los daños y perjuicios que pudiere ocasionar en caso de haber peticionado el remedio cautelar sin derecho (art. 24 inc. 3º, CCA).

3°) Posponer la condena en costas para el momento de dictarse sentencia definitiva por resultar tal momento el idóneo para valorar el carácter de ganancioso o perdidoso sobre el derecho en controversia (conf. SCBA, C 101.606, “Alvarez”; sent. del 16-IV-14 y más recientemente causa C 116. 938, "Racing Club Asociación Civil. Incidente art. 250", sent. del 1-VI-16, voto Dr. De Lázzari).

Regístrese y notifíquese y ofíciese.


Registro N°......
María Ventura Martínez
Juez en lo Contencioso Administrativo nº 4
Dpto. Judicial La Plata

Publicado en Temas de Interés y etiquetado , , .