Resolución Judicial a la Demandada

Carátula: 18276-.- ASOC.JUB.PENS.EN CIENCIAS ECONOMICAS C/ CAJA SEG.SOC.PROF.CIENCIAS ECONOMICAS S/ IMPUGNACION CONTRA ACTOS DE ENTES PUBL. NO ESTATS.

La Plata, 23 de Octubre de 2019.-


Y VISTOS:

Para resolver la solicitud de prórroga de la medida cautelar dictada en autos y;

CONSIDERANDO:

I) Que, mediante pronunciamiento del 24-6-2019, se ordenó a título cautelar a la Caja demandada, que mantenga la suspensión dispuesta en el marco de la resolución n° 17.221 emitida por la Mesa Directiva, por el plazo de 60 días, contados desde la notificación de la medida, a efectos de que la AJUPCE acredite dentro de dicho término, las correspondientes adhesiones de los afiliados, manteniéndose el sistema de débito automático vigente al mes de diciembre de 2018, durante dicho plazo.

II) El 26-8-19, el Presidente de la Asociación solicita la extensión de la media dispuesta hasta la finalización del proceso, con fundamento en la documentación que acredita las correspondientes adhesiones de los afiliados.

Refiere que a partir del mes de agosto del corriente año, la demandada ha establecido los débitos automáticos de las sumas correspondientes a la cuota social de los afiliados de AJUPCE y transferido su producido.

Sin embargo, aduce que la demandada ha implementado la resolución n° 17221 –aquí impugnada-, exigiéndole la presentación de la autorización para el débito con firma certificada por escribano público, rechazando aquellas que contaran con su autorización y de las que personalmente acompañaran los beneficiaros en la sede de la Caja, por medio una nota ratificatoria.

Considera que esta nueva exigencia importa la violación del artículo 1° de la ley 13267 que exige la gratuidad para el afiliado del sistema que se implemente, siendo irrazonable modificar un proceder simple e infalible que se aplicó durante 20 años, sin haber generado ningún inconveniente.

Añade que, mediante la nota que agrega -enviada a la Caja demandada el 15-8-2019- sin tener respuesta, ha procurado continuar con el diálogo restablecido durante el mes de julio y que, en base a lo allí convenido, se acompañó una propuesta escrita sobre el procedimiento para abordar la correcta aplicación de la ley 13267.

Por otra parte, afirma que cumplió, dentro del plazo estipulado, con la encomienda de acreditar la presentación de las correspondientes adhesiones de los afiliados.

Subraya que deviene esencial la prórroga peticionada, para el funcionamiento de AJUPCE, puesto que sus únicos recursos provienen de las transferencias realizadas por la demandada, en base a los descuentos autorizados de la cuota social de sus afiliados, quienes además ratifican esta manifestación voluntaria consintiendo todos los meses tal proceder.

III) Corrido traslado, el 13-9-19, el apoderado de la Caja demandada, manifiesta que ha dado cumplimiento a la medida cautelar dictada, sin exigir, durante su vigencia, la presentación de la autorización para el débito con firma certificada por escribano público.

Sostiene que la Caja no cuenta con la totalidad de las autorizaciones y explica que la actora debe presentar, una vez vigente la resolución cuestionada, un formulario por separado de la solicitud de afiliación y con los recaudos que surgen del modelo anexado a la norma, de donde surja una conformidad o autorización “GENUINA”.

Esgrime haber mantenido inalterable el sistema vigente a diciembre de 2018, y que no han recibido de parte de AJUPCE ninguna comunicación y/o remisión de nuevas altas, las que, de ser remitidas, serán atendidas debidamente.

Se opone al pedido de prórroga, con fundamento en que la actora no ha hecho el mínimo esfuerzo en obtener las conformidades pertinentes, ni mediaron nuevas circunstancias que ameriten un nuevo examen de la cautela solicitada.

Por último, refiere que han sido constantes las comunicaciones recibidas en la Caja de Ciencias Económicas de afiliados a AJUPCE, consultando por el descuento del 1% de sus haberes, a los cuales se les informó que obedecía al pago de la cuota socia autorizado por ellos y, siendo que algunos de esos casos –conforme la documentación que adjunta-, terminaron remitiendo una nota a la entidad solicitando que cesara con la retención de la cuota.

IV) Finalmente, mediante presentación del 27-9-19, la demandada reitera que ha mantenido inalterable el sistema vigente a diciembre de 2018, sin haber recibido de parte de AJUPCE ninguna comunicación y/o remisión de nuevas altas y, por otro, la actora reitera la necesidad de prorrogar la medida cautelar otorgada a su favor (v. presentación del 2-10-19).

V) Preliminarmente, cabe señalar que el juez, a pedido de parte o de oficio, podrá levantar, modificar o sustituir la medida cautelar cuando cambiaren las circunstancias que la determinaron (artículo 26, inc. 3 del CPCA).

En vista a la reseña efectuada y las circunstancias acaecidas con posterioridad al dictado de la manda cautelar, no puede desconocerse en el sub lite, que la actora se muestra conteste en orden al cumplimiento de lo dispuesto por la ley 13.267.

En efecto, conforme a la documentación que acompaña y, en aras a la observancia de los recaudos impuestos en la medida cautelar dictada, con fecha 15-8-2019 cursó una nota dirigida al Presidente del Consejo Directivo del Consejo de Ciencias Económicas, dando cuenta de la existencia del consentimiento expreso del afiliado para que la cuota mensual se le debite automáticamente del haber, como así también del detalle de la fecha de ingreso a la Caja Previsional de cada una de las autorizaciones, a fin de lograr su correcta constatación en los antecedentes administrativos que obran en la propia institución.

Asimismo, adjunta las autorizaciones suscriptas por los interesados de los débitos automáticos de los tres últimos años (2017-2019), aclarando que las restantes se encuentran a disposición, para el caso de resultar necesarias y, acompaña el libro de Actas de la Comisión Directiva (años 2017-2018) del que surge las incorporaciones de socios en las fechas señaladas (v. presentación del 26-8-19, cuya documental se encuentra reservada y a disposición de la contraria).

Con lo cual, a tenor de los hechos acaecidos con posterioridad a su dictado demuestra que el cumplimiento inmediato de los recaudos impuestos en la resolución en crisis, sin ponderar las nuevas circunstancias acaecidas, la colocaría en un serio riesgo de subsistencia.

Por lo tanto, la exigencia de la autorización de débito de la cuota social a la Asociación con la firma certificada por Escribano Público, Registro Público de Comercio o Juez de Paz, a tenor del formulario adjunto a la resolución de Mesa Directiva n° 17221, cuya legitimidad se controvierte en autos, sin tener en consideración -tal como lo denuncia la actora con posterioridad al dictado de la manda cautelar-, que obra en poder de la Caja demandada el consentimiento de cada uno de los afiliados para efectivizar el descuento de marras, se muestra prima facie irrazonable pues, dicha exigencia, no surge de la propia letra de la ley 13.267 (arg. art. 26, CPCA).

Máxime, cuando en el sub lite, demuestra una clara voluntad de arribar a un acuerdo con la demandada. En efecto, no puede dejar de apreciarse, un obrar diligente y de buena fe por parte de la parte actora, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la ley 13267, en tanto, ha desplegado una propuesta sobre la metodología a desarrollar en forma conjunta entre ambas partes (cfr. art. 9 y concs. del CCyC).

Siendo que la provisoriedad es una de las características esenciales de las medidas precautorias, las decisiones que recaen sobre las mismas no causan instancia, pudiendo ser modificadas si han variado las circunstancias que las determinaron.

De tal forma, el escrutinio de la verosimilitud del derecho invocado y del peligro en que se cause un perjuicio inminente, la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (sea para el dictado de las medidas cautelares, como para su mantenimiento y/o extensión durante la tramitación del proceso), se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor del fumus boni iuris se puede atenuar (S.C.B.A., doct. causas B. 65.043, “Trade”, res. 4-VIII-2004; I 1947, “Bruno de Monterrubianesi”, int. 05-X-2005; I 1949, “Guerrero”, int. 06-IX-2006; Q 70775, “Oberti”, sent. 14-VIII-2013; entre muchas otras), tal como acontece en autos.

Así, el recaudo del peligro en la demora, aparece aquí con el contorno especial no tanto como riesgo de frustración de los efectos de una sentencia futura sino más bien como el perjuicio que genera el mantener durante el proceso la situación fáctica con la que se llega al mismo (vid. Calamandrei, P.; Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, trad. Marino Ayerra Merín, ed, el Foro, Buenos Aires, 1996, n°18 passim), dado que no mantener vigente la medida cautelar, la colocaría en un riesgo cierto para su subsistencia económica de cara al objeto social perseguido (art 41, Const. Prov.).

Por lo tanto, se evidencia que el perjuicio que se genera con la extensión de la medida cautelar otorgada, aun cuando al dictarse la sentencia definitiva no se le dé la razón a la demandante, es menor que el caso inverso, esto es, que no se otorgue dicha tutela y, al tomarse la decisión de fondo, se considere que tenía razón (balance de perjuicios, arg. SCBA I-72669, "Picorelli", res. 24-IX-2014; similarmente, B.65.168, "Burgués", res. 30-IV-2003; asimismo, vid. Vallefín, C.A.; Protección Cautelar Frente al Estado, Abeledo Perrot, 2009, pp. 40 y ss.).

Finalmente, cabe señalar que la prórroga de la medida precautoria como la que ha de tener cabida, en modo alguno permite avizorar una grave afectación al interés público, en tanto se procura mantener el resguardo de todos los derechos en implicancia (art. 22 inc. 1º, ap. “c”, CPCA).

VI) Ahora bien, sabido es que la esencia de las medidas cautelares es su provisionalidad. Esto significa que siempre la medida se extingue ante la decisión cognitiva de fondo. Se trata en todos los casos de resoluciones jurisdiccionales precarias, nunca definitivas.

Por ello, a fin de asegurar la provisionalidad de la tutela e impedir una eventual prolongación de los trámites que necesariamente conlleve la sustanciación del proceso principal, se entiende necesario fijar un plazo razonable de duración de la misma, el que se estima liminar en seis (6) meses, contados a partir de la concreta efectivización de la medida.

Dicho plazo, podrá ser dejado sin efecto o prorrogado por la jurisdicción, según el desarrollo de los acontecimientos y las particularidades concretas del proceso (art. 77 inc. 1°, CCA; arts. 34 inc. “c”, 36 inc. 2, CPCC).

VII) En consecuencia, corresponde hacer lugar a la prórroga de la medida cautelar dictada con fecha 24-6-2019, ordenando a la Caja demandada la suspensión dispuesta en el marco de la Resolución emitida por la Mesa Directiva n° 17221, debiendo mantener la modalidad vigente hasta el mes de diciembre del año 2018, conforme a los alcances expuestos ut supra (arts. 26 y concs., CPCA).

VIII) Con carácter previo, deberá dar caución juratoria, en Secretaría, por las costas y los daños y perjuicios que pudiere ocasionar en caso de haber peticionado el remedio cautelar sin derecho (art. 24 inc. 3º, CCA).

IX) Asimismo, corresponde posponer la condena en costas para el momento de dictarse sentencia definitiva por resultar tal momento el idóneo para valorar el carácter de ganancioso o perdidoso sobre el derecho en controversia (conf. SCBA, C 101.606, “Alvarez”; sent. del 16-IV-14 y más recientemente causa C 116. 938, "Racing Club Asociación Civil. Incidente art. 250", sent. del 1-VI-16, voto Dr. De Lázzari).

Por los fundamentos expuestos:

RESUELVO:

1°) Hacer lugar a la prórroga de la medida cautelar dictada con fecha 24-6-2019, ordenando a la Caja demandada que mantenga la suspensión dispuesta en el marco de la Resolución emitida por la Mesa Directiva n° 17221, debiendo mantener la modalidad vigente hasta el mes de diciembre de 2018, conforme a los alcances expuestos ut supra (art. 26 y concs., CPCA).

2°) Con carácter previo, la actora deberá dar caución juratoria, en Secretaría, por las costas y los daños y perjuicios que pudiere ocasionar en caso de haber peticionado el remedio cautelar sin derecho (art. 24 inc. 3º, CPCA).

3°) Posponer la condena en costas para el momento de dictarse sentencia definitiva por resultar tal momento el idóneo para valorar el carácter de ganancioso o perdidoso sobre el derecho en controversia (conf. SCBA, C 101.606, “Alvarez”; sent. del 16-IV-14 y más recientemente causa C 116. 938, "Racing Club Asociación Civil. Incidente art. 250", sent. del 1-VI-16, voto Dr. De Lázzari).

Regístrese. Notifíquese a las partes por cédula, por Secretaria. Ofíciese.


Registro N°......
María Ventura Martínez
Juez en lo Contencioso Administrativo nº 4
Dpto. Judicial La Plata

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